Buscan mineras británicas y canadienses explotar plata, plomo, zinc y hierro de tierras indígenas de Guerrero.

Advierten indígenas de la CRAC sobre los daños ambientales que causa la explotación de minas



Jesús Rodríguez Montes

San Luis Acatlán

Primera parte

En los primeros días de noviembre tres hombres que se identificaron como trabajadores de la empresa minera Hochschild México, de capital británico, llegaron a las oficinas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en la cabecera de San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero.
Solicitaron entrevistarse con los coordinadores de la agrupación indígena, que es el órgano de dirección de la Policía Comunitaria. El propósito: notificarles que durante esos días, un helicóptero Eurocopter matrícula XA-SCR (certificado de aeronavegabilidad 10AIM100) al servicio de la empresa, estaría realizando sobrevuelos por los cerros de la zona a no más de 35 metros de altura.
Casi a ras del suelo, sobre un territorio boscoso, como es en esta zona de pueblos indígenas donde la agreste Montaña se une a la Costa Chica de Guerrero, la aeronave desplegaría su vuelo.
Los visitantes –dos mexicanos y uno de aspecto anglosajón, el piloto– en menos de 10 minutos dieron esta información a los coordinadores de la CRAC; les entregaron una copia fotostática de un documento donde comprueban que Hochschild, desde el 21 de octubre de 2010, tiene ya el permiso de las autoriodades mexicanas para estas operaciones, anuencia que obtuvieron de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y luego se marcharon para seguir con su trabajo.
Los sobrevuelos de la aeronave, como era de esperarse, ocurrieron en las horas siguientes. Desde la sede de la Casa de Justicia que la CRAC instauró en Espino Blanco, localidad me’phaa de Malinaltepec, a orilla de la arruinada carretera federal Tlapa-Marquelia, los agentes de la Policía Comunitaria y cientos de lugareños observaron cómo el helicóptero maniobraba por los aires, rozando las copas de los árboles en las laderas.
El ruido ensordecedor provocado por las potentes hélices alertó a los lugareños. Varios se refugiaron en sus moradas, otros, tomaron fotografías de ese acontecimiento del que no tenían información alguna, dado que Hochschild anticipó de sus operaciones apenas unas cuantas horas antes.
“Efectivamente, no tenemos toda la información, solamente porque el día 5 de noviembre se presentaron unas personas diciendo que iban a realizar una serie de exploraciones, de estudios, que se iba a utilizar un helicóptero, pero fue todo lo que dijeron. Dejaron identificación de cada uno de ellos, pero fue muy escasa la información, no dijeron ni explicaron de qué minerales se trata, hablaron de una minera pero no sabemos si van a explotar oro, plata, zinc, uranio, estaño, yo no sé, eso no lo mencionaron”, dice Pablo Guzmán Hernández, uno de los coordinadores de la CRAC que atendió ese día a los enviados de la minera británica.
Los rasantes sobrevuelos del helicóptero a principios de noviembre constituyeron en realidad la primera acción de información para los pueblos de La Montaña y Costa Chica en torno a un ambicioso proyecto de extracción de minerales que, si los propósitos del gobierno y las empresas prosiguen respecto a lo planeado, se instaurará en 2011 en ambas regiones en los municipios de San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec, Iliatenco y Tlacoapa.

Corazón de Tinieblas, Mina San Javier y La Diana

Son tres los principales proyectos mineros que en 2011 planean comenzar con trabajos más a fondo en los pueblos indígenas: el de Hochschild Mining, denominado Corazón de Tinieblas, que incluye a San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Tlacoapa; y dos más que emprenderá Camsim Minas S.A. de C.V., denominados Proyecto San Javier y La Diana, en el territorio de Iliatenco y Malinaltepec.
A diferencia de lo que ocurre con las comunidades, en los gobiernos federal y estatal se tiene información de estos proyectos desde hace años, como se comprueba en documentos oficiales de la Secretaría de Economía (SE). Ahí también se precisa que en el caso de los tres proyectos, las concesiones tienen una vigencia de 50 y 46 años, respectivamente.
Guerrero, “desde tiempos de la Conquista ha sido importante en su producción de minerales metálicos y fue en Taxco donde se abrió la primera mina”, dice el documento Panorama Minero del Estado de Guerrero, emitido por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Coordinación General de Minería (CGM), ambas dependientes de la SE federal.
Establece que durante la última década “se ha incrementado sustancialmente la exploración de minas” en la entidad y que resulta “evidente que el potencial geológico-minero sigue siendo muy amplio y favorable, considerando que el territorio guerrerense no ha sido suficientemente explorado y cuenta con grandes posibilidades para la localización de nuevos yacimientos de interés económico, en zonas geológicamente prospectivas con evidencias de mineralización, que justifican trabajos exploratorios de mayor detalle, y que representan un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera”.
Bajo esa perspectiva, no resulta extraño que desde el gobierno se haya dado anuencia a 550 concesiones de explotación y exploración a empresas mineras tan sólo de 2000 a 2009, es decir, en menos de una década, de acuerdo a la Dirección General de Minas y la Dirección de Cartografía y Conceciones Mineras, de la SE federal, que especifican en una lista los Títulos de Concesión Minera Expedidos durante ese período. Las concesiones implican 1 millón 583 mil 928 hectáreas donde se desarrollarán los proyectos.
Para 2011, los proyectos más ambiciosos de extracción de minerales tienen la mira puesta en pueblos indígenas de La Montaña y Costa Chica, que serán emprendidos por empresas de capital británico y, en apariencia, también de capital canadiense.
En el Proyecto Mina San Javier y La Diana los trabajos ya superaron la etapa de exploración y ahora Camsim está articulando los permisos correspondientes con los núcleos agrarios implicados. La propia minera ha difundido a través de internet (http://www.youtube.com/watch?v=aIngr52l1xs&feature=related y http://www.youtube.com/watch?v=pnqQ3zoOnMU&feature=related) un par de videos donde se aprecia a especialistas –evidentemente extranjeros, se dice en la zona que eran canadienses– realizando recorridos por las montañas, acompañados de lugareños. Los videos muestran paisajes boscosos donde los especialistas, con mazos y zapapicos, golpean rocas de la superficie para desprender pequeños trozos que son la muestra de la riqueza mineral que abunda en el territorio.
Derek Sutherland, presidente de Camsim –cuyo domicilio legal se establece en Acapulco- en uno de los videos explica en qué consisten los proyectos que desarrollarán para la extracción de plata y oro, principalmente, en un perímetro de 15 mil hectáreas de “extraordinario” potencial. Se hace referencia a que en este lugar la plata resulta de fácil extracción y 30 vetas de este mineral han sido identificadas en la superficie. Además, se ha detectado que hay otros metales como plomo, zinc y hierro.
Para el proyecto Mina San Javier, Camsim considera –según consigna en su página web– que tiene ventajas en cuanto a infraestructura, como el hecho de que se instaurará en un lugar donde anteriomente ya había operado una mina, muy cerca del poblado me´phaa Xochiatenco. Ahí hay infraestructura carretera, eléctrica e hídrica.
Puntualiza los avances y ventajas con las que cuenta: “En el Proyecto San Javier hoy en día hay un molino, trituradora, el circuito de flotación y de laboratorio. Hay dos pequeños ríos corriendo muy cerca del sitio del molino, que proporciona el suministro de agua suficiente, sin embargo, son lo suficientemente lejos para no molestar a las operaciones mineras. Excelente infraestructura de transporte ya está en marcha, los caminos forestales proporcionan un acceso seguro desde y hacia la propiedad”.

Surge un movimiento anti mineras en La Montaña; las han rechazado en asambleas

Jesús Rodríguez Montes

Malinaltepec

Segunda parte

En los primeros días de noviembre de 2010, en la comunidad me’phaa de Paraje Montero, Malinaltepec, se llevó a cabo la asamblea donde los indígenas de este núcleo agrario dieron su anuencia a la empresa minera Camsim. En otros núcleos agrarios, de mayor tamaño, la empresa no ha encontrado las mismas facilidades, por el contrario, se ha enfrentado a un grupo de campesinos organizados que, aseguran, realizarán las acciones que les sean posibles para evitar la explotación de sus territorios por los daños que provocarían en el entorno.
Es el caso en Totomixtlahuaca, del municipio de Tlacoapa; en Colombia de Guadalupe y Ojo de Agua, de Malinaltepec; y en los bienes comunales de Iliatenco, donde en asamblea realizada el 6 de noviembre los comuneros en definitiva se negaron a convenir con la empresa, a pesar de que les ofreció dinero.
Melitón Santillán Cantú es un sacerdote de 47 años oriundo de Iliatenco. Actualmente es párroco de Malinaltepec. Desde hace varios años participa activamente en la organización de la gente para la protección de los recursos naturales y ahora se ha enrolado en el movimiento anti mineras que comienza a desplegarse en los pueblos, pues está convencido de que las empresas “no están aquí como para responder a la gente pobre y en mi parte de sacerdote, representante de Jesucristo que es un profeta, que no sólo anuncia las buenas noticias, sino también las malas, no puedo quedarme callado frente a una injusticia que se va a cometer contra el pueblo pobre”.
En una entrevista realizada en las faldas del cerro de la localidad El Tepeyac, Malinaltepec –un entorno colmado de pinos y encinos, el frío se torna intenso apenas cayendo el atardecer– Santillán cuenta que, en calidad de comunero, acudió a la asamblea de los bienes comunales de su pueblo, donde más de mil comuneros, en presencia de enviados de la empresa y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), votaron a mano alzada en contra de la explotación de la mina. Uno de los primeros reveses para la minera.
En esa asamblea, asegura Santillán, los enviados de la empresa, de apellido Larequi, les confirmaron que días antes en Paraje Montero ya habían aceptado el proyecto y que a cambio, les dieron una serie de compensaciones, incluyendo un millón de pesos “sólo por la exploración”.
En Iliatenco, “la Secretaría de la Reforma Agraria estuvo como queriendo animar a la gente con proyectos productivos que supuestamente mandó la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) federal; pero la gente dijo que no”, cuenta.
Más allá de la posición asumida por las autoridades que alientan la instauración de las mineras ante los campesinos, algo “normal” entre los funcionarios estatales y federales, a Santillán también le resulta “lógica” la posición que han asumido los empresarios, que mienten en las asambleas comunales y ejidales.
Por ejemplo –sostiene el sacerdote– en Iliatenco los empresarios revelaron que en Paraje Montero dieron un millón de pesos para conseguir la anuencia, pero después, en una reunión con campesinos de este núcleo, negaron su dicho.
Esa situación le ha originado un conflicto a Santillán, pues en Paraje Montero los representantes de los Bienes Comunales le han pedido que vaya a comparecer para aclarar lo del dinero y lo tildan de “mentiroso”, pero él sostiene que se trata de una acción de la empresa y de comuneros aliados con el objeto de desarticular el movimiento de otros campesinos de la zona que ya se están organizando para impedir los proyectos.
Dice que por participar en la organización de las comunidades, ha sido objeto de amenazas en años anteriores. Actualmente, revela que su oposición a las mineras también le ha valido nuevas acciones de amedrentamiento.
“No creo que una minera quiera el bien, no sé si mi ignorancia me hace decir estas cosas, pero a las mineras se les hace fácil desaparecer e intimidar a las personas. Eso es lo que ha pasado en Oaxaca, donde un sacerdote por oponerse está exiliado”, afirma.
Miguel Ángel Mijangos Leal, activista con más de 15 años de experiencia en procesos de desarrollo comunitario en La Montaña y ex integrante del Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos (PAIR), un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista explica que el procedimiento a seguir para obtener una concesión minera resulta “tan sencillo” como presentarse ante la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico, llenar un formato burocrático para la solicitud dirigida a la Dirección General de Promoción Industrial, Agroindustrial y Minera, y pagar cierta cantidad de dinero.
La primera etapa es obtener la concesión de exploración, precisa Mijangos. Una vez ubicada el área y los minerales que extraerán, el siguiente paso es cumplir con los criterios de protección al medio ambiente que determina el gobierno mexicano y después, obtener la anuencia de las comunidades para realizar la explotación, es decir, las actas de asambleas agrarias donde se compruebe que, ya sea ante el Ejido o los Bienes Comunales, se sometió a consulta de sus integrantes la petición y que éstos la aprobaron. Luego, las autoridades agrarias del gobierno validan el convenio entre campesinos y empresas.
Es en estos dos últimos procesos donde las cosas suelen manipularse por parte de las empresas, asevera Mijangos. Primero, porque en la mayoría de las concesiones de explotación, con anuencia de las instancias del gobierno, se ignoran las disposiciones vigentes en las de leyes de protección al ambiente.
Después, en la etapa de anuencia de los campesinos, las asambleas suelen ser “amañadas”, controladas por unos cuantos líderes que a espaldas de la comunidad negocian con los empresarios. Lo más grave de todo, dice el activista, es que las autoridades del gobierno se prestan a que las cosas se manejen de esa manera, incluso participan en las asambleas tratando de convencer a los campesinos de las bondades del proyecto, sin mencionar una sola palabra de las afectaciones al entorno.
En el documento Títulos de Concesión Minera Expedidos entre 2000-2009, se especifica respecto a los proyectos Mina San Javier y La Diana que Camsim piensa desarrollar en Malinaltepec e Iliatenco en los lotes San Gabriel y Diana con una superficie de 253 y 14 mil 722 hectáreas respectivamente que los concesionarios son Miguel Joaquín Larequi Radilla y Socios, en San Gabriel, y Diana Rebeca Castillo García, en Diana. Los permisos tienen vigencias de 2005 a 2011, en San Gabriel, y de 2009 a 2059, en Diana.

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